El decano del ICPB, ponente en la jornada sobre la nueva regulación de la vivienda en el Colegio Notarial de Cataluña

El decano del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona, Javier Segura Zariquiey, participó el 19 de enero en la jornada sobre “El impacto jurídico, notarial y social de la nueva regulación de la vivienda en Cataluña”, celebrada en el Colegio Notarial de Cataluña.

La jornada fue inaugurada por el secretario general de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Jordi Terrades, quien subrayó que “la obligación del Gobierno es regular y producir vivienda, especialmente vivienda de alquiler asequible, y hacer efectiva la construcción de 50.000 viviendas”. Terrades destacó como ejes prioritarios de la política pública la obligación de ofrecer alquiler social, el sistema de contención de las rentas de alquiler y la definición clara del concepto de gran tenedor, remarcando que las reformas deberán afrontarse “desde la prudencia”.

En la primera mesa redonda, dedicada a “La ley de vivienda: balance y retos actuales”, el decano Javier Segura Zariquiey intervino junto a la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, y el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín. Durante su intervención, Segura Zariquiey puso el foco en la dimensión social del problema de la vivienda, señalando que “el conflicto habitacional es hoy uno de los principales ejes de la litigiosidad civil en Cataluña”. Asimismo, remarcó que los procuradores son testigos directos de esta realidad, ya que “detrás de cada procedimiento de desahucio confluyen dos derechos que el ordenamiento jurídico está obligado a equilibrar: el derecho de propiedad y el derecho de acceso a una vivienda digna”.

En su turno, el decano reivindicó el papel de los procuradores en los momentos más sensibles del proceso judicial, afirmando que “el lanzamiento no es solo un acto procesal, sino el punto de encuentro, a menudo de tensión, entre la legalidad, la urgencia social y la capacidad de respuesta de los poderes públicos”. En este contexto, defendió que la provisión de una alternativa habitacional efectiva para las personas vulnerables debe ser una responsabilidad de los poderes públicos y no puede recaer estructuralmente sobre particulares y profesionales.

Con su participación en esta jornada, el Colegio de Procuradores de Barcelona reafirma su compromiso con el análisis riguroso y el debate jurídico en un ámbito de elevada complejidad e impacto social como es el de la vivienda en Cataluña.