La vicedecana del ICPB interviene en una jornada sobre la Ley de Eficiencia en el Congreso de los Diputados

La Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados acogió el lunes 15 de junio la jornada ‘La justicia en el siglo XXI: un año de la Ley de Eficiencia’, que contó con la participación activa de la vicedecana del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB), Margarita Ribas Yglesias.

La vicedecana intervino en la mesa redonda ‘Los problemas de los profesionales antes y después de la ley de eficiencia y el coste para los ciudadanos’, desarrollada bajo la moderación de Carlos Berbell, director de Confilegal, quien estableció el marco del debate a partir de la siguiente reflexión: “Presentada como la gran palanca para modernizar los juzgados, reducir la litigiosidad y abaratar costes, procuradores y abogados vienen denunciando más carga burocrática, más incertidumbre organizativa y más dudas sobre si la ciudadanía está pagando, en tiempo y dinero, el precio de una reforma inacabada”.

Desde este punto de partida, la vicedecana quiso contextualizar la figura del profesional de la procura como un operador jurídico cuya función “va mucho más allá de la mera postulación procesal” y que aporta “especialización procesal y continuidad técnica” en el marco de la “colaboración activa con la Administración de Justicia”. “Vivimos la justicia desde dentro y, por consiguiente, como colectivo somos los primeros en testar cómo está”, aseveró.

Margarita Ribas Yglesias defendió que “cuando la coordinación entre operadores jurídicos es fluida, la organización interna es estable y las herramientas funcionan de forma adecuada, el sistema avanza”. Por el contrario, “cuando esta organización falla, sus efectos no se limitan a un ámbito concreto sino que se encadenan, se amplifican, lo que acaba generando retrasos y disfunciones que afectan a la justicia en su conjunto”. Dijo que “la calidad judicial no se mide únicamente por las sentencias que se dictan, se mide sobre todo por las sentencias que somos capaces de ejecutar: una sentencia incumplida es el mayor fracaso del Estado de derecho” y cifró en 11.000 millones de euros la lentitud en la ejecución de sentencias dinerarias en España.

A modo de balance del primer año de vigencia de la ley, resumió que “de momento, solo se ha ganado en indicadores formales” y que, en su opinión, el proceso judicial ha devenido “más opaco y técnico”, unos rasgos que “han complicado mucho el acceso de ciudadanas y ciudadanos a la justicia”. Añadió dos ideas complementarias: “Defendemos la arquitectura de la nueva Oficina Judicial y el ajuste de la primera instancia desde la coordinación, la especialización y un reparto inteligente del trabajo; y no se puede dar una separación entre la organización procesal y la jurisdiccional, es decir, una suerte de bicefalia entre la dirección de servicios comunes y la función de juzgar”.

La vicedecana del ICPB aplaudió la “coralidad nunca antes vista” entre operadores jurídicos y la propia Administración de Justicia, verbalizó su deseo de que, en lo concerniente a la planta funcionarial, “ojalá acabásemos con la interinidad, la rotación continuada, la insuficiencia de inversión y la falta de medios materiales”, y reivindicó la figura del procurador como “agente de ejecución con acceso al Punto Neutro Judicial” porque “no podemos tener a la procura como un colectivo jurídico infravalorado”.

Acompañaron a Ribas Yglesias en dicha mesa redonda la decana del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Madrid, Carmen Giménez Cardona, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribon, y la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo Ros.

En la jornada también se plantearon las mesas redondas ‘La visión corporativa de la nueva organización de la justicia: eficiencia o desconcierto’ y ‘Violencia contra la mujer y MASC obligatorios para acceder a los tribunales’.