JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO PROCESAL

El pasado lunes, el decano del Colegio, Ignacio López Chocarro, participó en la mesa redonda organizada por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) "Todo aquello que hacen los diversos operadores jurídicos en materia de ejecución y no quisieran hacer y todo aquello que no hacen y quisieran hacer ".

El decano compartió debate con el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia de Mataró, Pablo Izquierdo Blanco, el secretario del Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Barcelona, Ángel Martínez Guimaliu, y con la vicedecana del Colegio de Abogados de Barcelona, Rosa Maria Barberà Ramos. El profesor Francisco Ramos Méndez, catedrático de Derecho Procesal de la UPF, fue el encargado de moderar la mesa.

López Chocarro, entre otras cuestiones, pidió una mayor eficacia en los procedimientos de ejecución para defender los intereses de los acreedores ante sus deudores. En este sentido, el decano reclamó más competencias para el colectivo de procuradores -como el acceso al punto neutro judicial, practicar embargos, inmovilizaciones de bienes…- , tal y como están haciendo sus homólogos franceses.

Según indicó hay que "ser más cuidadosos en el proceso de ejecución" porque ahora mismo quien está más desprotegida es la parte ejecutante. En relación al procedimiento monitorio – el procedimiento estrella-, el año pasado, de un 48% de demandas presentadas, sólo se consiguió el pago de la deuda en un 9 %. Esta cifra tan baja se debe, en algunos casos, a las numerosas gestiones que se tuvieron que llevar a cabo y también a la falta de coordinación entre instituciones y entes públicos vez cuando ejecutan los bienes de los deudores.

El decano defendió el papel de los procuradores en todo el procedimiento judicial y lamentó que a menudo "no salimos a los créditos de la película", refiriéndose a la poca visibilidad que acaba teniendo su trabajo, aunque sean los procuradores los verdaderos gestores de la ejecución, pues tramitan el 90 % de las 50.000.000 notificaciones que se generan anualmente en toda España y son los responsables de representar a las partes en los procedimientos.

La intervención de López Chocarro finalizó pidiendo una ejecución que evite pasos innecesarios, para ser más ágiles, mejorar los mecanismos de investigación judicial (ej. las relaciones con la Administración de Hacienda) y equiparar el actual sistema al del resto de Europa: "la ejecución necesita criterios de eficacia y seguridad".