Javier Segura Zariquiey comparece en el Parlament para defender la modificación del libro quinto del Código civil de Cataluña

El presidente del Consell de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña y decano del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB), Javier Segura Zariquiey, junto con la vicesecretaria del Consell, Eulalia Castellanos Llauger, comparecieron el lunes 15 de junio ante la Comisión de Justicia y Calidad Democrática del Parlament de Catalunya en una ponencia sobre la proposición de ley de modificación de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, y de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

En su intervención, el presidente del Consell defendió la necesidad de dotar a las comunidades de propietarios de “un mecanismo civil eficaz, proporcionado y jurídicamente seguro que permita actuar ante conductas de ocupación ilegítima” que puedan alterar gravemente la convivencia, dañen o hagan peligrar el inmueble.

A partir del “conocimiento directo” que la procura tiene de la fase de ejecución y de los actos de entrega de la posesión como consecuencia de un proceso judicial y, también, de una “posición transversal que nos permita aportar una visión práctica, equilibrada y conectada con el funcionamiento real de los tribunales”, el decano recordó que, a propósito de lo que dispone el artículo 553-40.1 del Código civil de Cataluña, “hemos defendido la necesidad de impulsar una reforma legislativa ante un problema social que exige una respuesta normativa adecuada”.

Segura Zariquiey invocó los datos de actividad relativos a lanzamientos en la ciudad de Barcelona hasta diciembre de 2025 para afirmar que “estas confirman que no nos encontramos ante una cuestión meramente teórica”, y con una presencia significativa de procedimientos vinculados a la “falta de pago, precario u ocupaciones sin título”. En este ámbito, quiso poner énfasis en la idea que “la recuperación de la posesión no afecta de forma exclusiva a los grandes tenedores, sino que, de forma mayoritaria, los más afectados son los pequeños tenedores o propietarios particulares”. En definitiva, esta realidad obliga a “articular soluciones equilibradas que protejan la convivencia vecinal y la seguridad jurídica”, remachó.

En la ponencia ante la Comisión de Justicia también indicó que la “experiencia práctica ha demostrado que la Ley 1/2023, que otorgó legitimación a los ayuntamientos para actuar en casos de ocupación ilegal con alteración de la convivencia vecinal, ha devenido en la práctica ineficaz”. A su vez, añadió que “si bien contamos con el artículo 33 de la Ley catalana del derecho a la vivienda, esta vía administrativa resulta insuficiente”.

Más seguridad jurídica y disuasión

Javier Segura Zariquiey abogó por una reforma legislativa que “genere seguridad jurídica” en las comunidades de propietarios y que, a su parecer, también debe entenderse como una medida de “carácter disuasivo”, esto es, “su finalidad es permitir que, cuando una persona ocupe ilegalmente un inmueble y, ante la inacción de su propietario, incurra en conductas comprendidas en las prohibiciones del artículo 553-40.1 del Código civil de Cataluña, el presidente de la comunidad de propietarios pueda ejercitar –cumpliendo los requisitos previstos en la norma– una acción de desalojo”.

Partidario de una “reforma legislativa, pionera en el Estado” que vaya en la línea expresada y para resolver esta problemática, Segura Zariquiey no perdió la ocasión de hacer notar que “la procura se reivindica como una pieza clave” en la recuperación de la posesión ante toda clase de ocupaciones. Y recordó que con la nueva Ley Orgánica 1/2025, “el procurador, por delegación del juez, ya puede realizar actuaciones materiales de ejecución en locales de negocio, sin necesidad de acompañamiento y, por tanto, de la espera de las Comisiones Judiciales”.

El presidente del Consell y decano del ICPB estuvo acompañado, en calidad de ponentes de mesa, por otros expertos jurídicos como el presidente de la Abogacía Catalana, Rogeli Montoliu, y la decana de la Abogacía de Mataró, Maria Pastor. El vicesecretario del ICPB, Carlos Molina Blanchar, también asistió a la sesión.