Inicio del curso CEP 2026-27 con ‘El procurador en la ejecución’

‘El procurador en la ejecución’ dio el disparo de salida, el 8 de octubre, al nuevo curso del Centro de Estudios de la Procura (CEP). La sesión inaugural se desarrolló en la sede del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) y contó con las intervenciones del decano del ICPB y presidente del Consell de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, Javier Segura Zariquiey, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García Barrenechea, y el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Recio Córdova.

En la presentación del curso CEP 2026-27, la vicedecana colegial y responsable de la Comisión de formación, Margarita Ribas Yglesias, apuntó que la oferta formativa es “dinámica” porque “estamos abiertos a sugerencias por parte de colegiadas y colegiados a fin y efecto de poder impartir temáticas que sean de interés para la profesión”. Para el nuevo curso, que mantiene el convenio con ISDE, avanzó que algunas sesiones se desarrollarán en el seno de la universidad, puso en valor la modalidad presencial, “siempre que sea posible”, para sacar el máximo rendimiento de los contenidos y de las intervenciones de los ponentes y abogó por “tener muy presente el aspecto deontológico de la profesión”.

Ya en el contexto de la jornada, Javier Segura Zariquiey opinó que “habrá que esperar unos cuantos años” para valorar si se logran los objetivos inherentes a la Ley de Eficiencia, aprobada en 2025 con “excesiva rapidez y sin medios tecnológicos ni personal suficiente”. El decano admitió el “desánimo generalizado” de la procura ante todos los cambios y quiso poner énfasis en la voluntad del colectivo profesional de asumir “más competencias”, como es el caso del acceso al Punto Neutro Judicial, con la voluntad de “desencallar la ejecución de sentencias”. Objetivó esta problemática con algunos datos: 566.632 ejecutorias en trámite en Catalunya durante el primer trimestre de 2026 (el año 2025 se cerró con una cifra de 545.875), un incremento interanual del 108,6% en materia de ejecuciones hipotecarias durante 2025, una interinidad del personal funcionario en los juzgados catalanes que rozaba el 56% en este mismo año o un incremento del 28,3% de los asuntos ingresados entre 2021 y 2025 mientras la planta judicial crecía solo un 3% (de 846 a 871 jueces). Ante esta realidad, Javier Segura Zariquiey invocó la “voluntad política” como requisito para que, como ya ha ocurrido en Portugal, la procura tenga un papel más activo en el ámbito de la ejecución.

Por su parte, Alberto García Barrenechea elogió el Centro de Estudios de la Procura –“es un privilegio disponer de un centro de formación” como el del ICPB, hizo– y, como Javier Segura Zariquiey, reconoció el “desánimo” motivado por una Ley de Eficiencia que el presidente del Consejo tildó de “deficiente” porque “ha conllevado una falta de interlocución con la Oficina Judicial y no ha ido acompañada de la inversión económica y de la incorporación de magistrados suficientes”: “El sistema está colapsado: cada año ingresan más asuntos de los que se resuelven”, lamentó. Recordó que hay 103 países que ya cuentan con agentes de ejecución y reflexionó que, “si bien la representación es la idiosincrasia de la profesión, también hay que hacer actos materiales de ejecución”. En este sentido, reclamó el desarrollo normativo necesario que permita a procuradoras y procuradores el acceso al Punto Neutro Judicial “desde el inicio del proceso y, por supuesto, bajo la tutela del LAJ”. Con un punto de autocrítica, pidió al colectivo profesional dar un paso adelante para “dejar de ser una profesión invisible y visibilizarla: tenemos que reivindicar la función pública que ejercemos, nuestra capacidad de certificación, transmitir que somos fiables y solventes y hacer pedagogía a propósito de nuestra capacidad y voluntad de asumir la ejecución”.

Y en su turno de palabra, Antonio Recio Córdova quiso explicitar que “mi experiencia con la procura siempre ha sido de colaboración total”. En su intervención en la sesión organizada por el ICPB, indicó que “daré apoyo a todo aquello que la procura pueda aportar” y se mostró favorable a que el conjunto de profesionales de esta actividat puedan asumir más competencias en el ámbito de la ejecución porque “os habéis ganado la confianza que cualquier función que ejerzáis, la llevaréis a cabo de forma óptima”. El presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona también se refirió a los recursos de apelación, que en el caso de la sección Civil de este órgano judicial acumula 40.000 recursos pendientes de respuesta y sufre un déficit sistemático de 13.000 asuntos al año. En esta cuestión, pidió la colaboración de procuradoras y procuradores para que, a través del correspondiente desplegable (o ‘carátula’) en el sistema electrónico habilitado, identifiquen el tipo de asunto específico de qué se trata para facilitar el posterior reparto de cada uno de los recursos por parte de los funcionarios. A su vez sentenció, desde una óptica más general, que “no sería bueno que la Audiencia de Barcelona baje el nivel en las sentencias. Lo que hay que hacer, es dotarla de los recursos y de los magistrados necesarios”.