EL COLEGIO ORGANIZA UNA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL ESTADO DE LA PROFESIÓN

Ayer miércoles, el Colegio organizó un encuentro con periodistas para explicarles la situación en que se encuentra nuestra profesión, a raíz de la reforma de la LEC. En este encuentro participaron el decano, Ignacio López, el vicedecano, Ramón DAví y la vocal de comunicación, Montse Montal.

El decano recordó que el poder judicial es un servicio público y destacó la vocación pública de los procuradores que se verá reforzada y reafirmada con la asunción de las nuevas competencias que prevé la reforma de la LEC.

Según explicó el decano, los Procuradores de los Tribunales asumirán nuevas competencias profesionales, con funciones similares a las que desarrollaban otros operadores jurídicos parecidos a los procuradores en el ámbito europeo, a fin de agilizar la Administración de Justicia. Estas nuevas funciones, centradas en todos los actos de comunicación y en determinados actos de ejecución y de cooperación y auxilio, reforzarán el papel de los procuradores como servidores públicos de la justicia. 

En este acto, el decano también remarcó el cambio que se está produciendo en la percepción de la justicia. Según López, el ciudadano ya no percibe la justicia únicamente como un poder, sino también como un servicio, por lo que su ineficiencia supone la vulneración de un derecho fundamental: el de la tutela judicial efectiva.

Las nuevas competencias con que se pretende reforzar a los procuradores se incluirán en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Para asegurar la eficacia de su intervención en las nuevas funciones, la Ley les conferirá la condición de agentes de la autoridad cuando expresamente sean comisionados para la realización de los actos de comunicación (emplazamientos, notificaciones,…), siempre bajo las directrices del secretario judicial y sometidos a control del Tribunal.

El anteproyecto de ley pretende mejorar las opciones de los litigantes y lo hará potenciando el trabajo de los Procuradores de los Tribuales, quienes, mediante el desarrollo de sus funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia, podrían agilizar los trámites procesales y dotar de mayor eficacia el procedimiento.

SIN INCREMENTO DE COSTES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Con el futuro anteproyecto de la LEC, se conseguiría una significativa mejora en las alternativas de que dispone el ciudadano cuando acude a los tribunales para un acto de comunicación, ya que este podría elegir libremente entre acogerse a un funcionario de la Administración de Justicia o contratar a un procurador. Esta dualidad del sistema no incrementaría los costes de la Administración de Justicia, ya que sería el ciudadano quien asumiría el gasto de la contratación del procurador. En el caso de que los ciudadanos no formularan su elección, la Ley entendería que los actos de comunicación se practicarían por los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial. También se contempla que la parte pueda cambiar de criterio durante la tramitación de un procedimiento, siempre que alegue una causa justa.