LA CÁMARA DE COMERCIO PRESENTA UN ESTUDIO SOBRE LA INEFICIENCIA DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES

Esta mañana, en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Barcelona, se ha presentado el estudio titulado "El impacto económico del sistema de ejecución de sentencias judiciales y propuestas de mejora", que han elaborado conjuntamente la Cámara y el grupo de investigación AQR-lab de la Universidad de Barcelona con la colaboración del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

La presentación, que ha contado con la participación de Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, y de Ignacio López Chocarro, presidente del Consell y decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, ha permitido dar a conocer una problemática que tiene importantes repercusiones económicas en la economía de Cataluña y del conjunto de España.

Los autores del estudio, Carmen Poveda, Directora de Análisis Económico del Gabinete de Estudios Económicos e Infraestructuras de la Cámara de Comercio de Barcelona, y Jordi Suriñach, Catedrático en Economía Aplicada por la Universidad de Barcelona y miembro del grupo de investigación AQR-Lab, han analizado por primera vez el impacto económico de las ineficiencias que tiene el actual sistema de ejecución de sentencias judiciales y, a partir de una comparativa de países, han realizado propuestas de mejora.

Su estudio destaca que el largo periodo hasta la ejecución efectiva de la sentencia genera un riesgo y unos costes adicionales que pueden ser muy importantes para las empresas o particulares afectados. Entre los datos y conclusiones más relevantes del análisis, destacan:

– La ineficiencia del actual sistema judicial sólo permite recuperar el 21'8% del importe económico de las sentencias ejecutadas en Cataluña.

– Por cada millón de euros de más que se pudieran recuperar, el PIB de Cataluña incrementaría en casi 350.000 €, se generarían 133.006 € más de rentas fiscales y se contribuiría a crear y / o mantener 5 puestos de trabajo a tiempo completo.

– El plazo medio del proceso para recuperar los importes es de 1 año y 9 meses.

– El sistema de ejecución tiene una tasa de congestión media superior al 400% y se calcula que para ponerse al día se necesitarían más de tres años adicionales.

– Para corregir la situación, el estudio propone reformar los procedimientos de ejecución para agilizarlos (impulsando tribunales especializados, simplificando los procesos, mejorando la información que reciben los afectados, …) y crear una nueva figura de agente de ejecuciones, que en el caso español podría ser asumida por los procuradores.

Si desea conocer más detalles del estudio, puede consultar aquí la nota de prensa de la Cámara de Comercio.

Si desea consultar el estudio completo, puede hacerlo en este enlace.