El ICPB analiza los primeros pasos de la L.O. 1/2025

Transcurrido poco más de un mes desde la entrada en vigor de la L.O. 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) ha organizado una sesión informativa sobre su impacto que ha tenido lugar en el auditorio del Edificio UPF Barcelona School of Management, y que también se ha transmitido por vía telemática.

En su rol de moderador pero también en múltiples intervenciones realizadas a lo largo de la sesión en debate con el conjunto de ponentes, el decano del Colegio, Javier Segura Zariquiey, ha razonado que a pesar de que la nueva normativa cuenta todavía con “muy poca trayectoria de vigencia y aplicación, pues inició su andadura el pasado 3 de abril”, ésta genera “incertidumbre y preocupación” entre el colectivo de profesionales de la procura, a pesar de que, ha querido matizar, “siempre nos hemos adaptado a los cambios” que han acabado por configurar la evolución de la Justicia en el país. En cualquier caso, ha admitido que desde su aplicación se constata “la bajada de demandas presentadas” en los despachos. También ha tildado de “desconcertante” la multiplicidad de criterios de unificación asociados a su entrada en vigor, pero se ha mostrado optimista en cuanto a la “homogeneización” que debería alcanzarse a medida que evolucione la implementación de la misma. Y ha defendido el acceso de procuradoras y procuradores al Punto Neutro Judicial (PNJ).

En la sesión ha intervenido la procuradora y Secretaria de la Junta de Gobierno del ICPB, Eulàlia Castellanos, quien se ha mostrado crítica con el legislador a propósito del peso que la ley orgánica confiere a los medios adecuados de solución de controversias (MASC): “Los problemas de la Administración de Justicia los traslada al justiciable”, ha referido. En este sentido, ha reclamado “más personal, más jueces y más juzgados”, que harían innecesarios, según ha explicitado, los MASC y los criterios de unificación. Entre las novedades de la L.O. 1/2025 en el ámbito concreto de las subastas ha destacado la introducción de las pujas secretas (a sobre cerrado y a ciegas), la posibilidad de que el ejecutante pueda tanto pujar sin necesidad que un tercero lo haga como también que ahora puede quebrar la subasta, y el nuevo plazo para pagar el remate (que empieza a contar de forma inmediata al cierre de la subasta), entre otras. Castellanos ha advertido del “efecto perverso” que puede darse de la asistencia a un MASC en aquellos casos protagonizados por quienes ha tipificado como “morosos profesionales”.

Han acompañado a Eulàlia Castellanos como ponentes de la sesión el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 21 de Barcelona, Claudio Alejandro Montero, que ha manifestado que “el legislador ha optado por una concepción de la justicia en la que haya una suerte de fase previa en la que intervengan otros profesionales ajenos a la función jurisdiccional”, lo que supone un “cambio de paradigma procesal”; el LAJ del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, Raúl González, que ha abogado por la modificación del art. 590 de la LEC para que el colectivo de la procura tenga acceso a las bases de datos del PNJ; el abogado Miguel Bueno, que ha verbalizado la idea de que “hay que hacer una valoración crítica de la ley orgánica que tenga una consecuencia práctica” con el propósito de que “tenga una virtualidad real”; y la abogada y responsable de Formación del ICAB, Cristina Vallejo, que si bien ha loado el trabajo efectuado por los magistrados de Barcelona en cuanto a la articulación de criterios de unificación, también ha lamentado que “no se ha reformado el art. 753 de la LEC”: “Me preocupan los procedimientos verbales de familia”, ha sentenciado con respecto a ello.