El ICPB organiza una jornada sobre la implantación de los Tribunales de Instancia desde las perspectivas institucional, público-privada y de los operadores jurídicos

La entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia a raíz del despliegue de la Ley Orgánica 1/2025 fue el eje temático que vertebró la jornada procesal ‘Implantación Tribunal de Instancia: diversas miradas sobre el estado de la Justicia’. Organizada por el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) en el marco formativo del Centro de Estudios de la Procura, la jornada se desarrolló mediante tres mesas redondas que analizaron el nuevo paradigma desde las perspectivas institucional, público-privada y del conjunto de los operadores jurídicos.

El decano del ICPB, Javier Segura Zariquiey, moderó la mesa institucional, que contó con la intervención de la secretaria para la Administración de Justicia del Departamento de Justicia y Calidad Democrática, Iolanda Aguilar Juncosa, y de la fiscal y asesora de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Escarlata Gutiérrez Mayo.

En la presentación de la jornada, Segura Zariquiey destacó la celebración de la sesión por la “importancia” de la nueva estructura judicial y la “relevancia” que tienen los Tribunales de Instancia. El decano puso en valor el “esfuerzo de jueces, magistrados, colectivo funcionarial y profesionales jurídicos en su conjunto” en el contexto de implementación de la nueva ley, que había iniciado su singladura el 3 de abril de 2025. A pesar de admitir la necesidad de llevar a cabo “una reforma en profundidad que ponga a la ciudadanía en el centro”, expuso algunos de los elementos que, a su parecer, había que mejorar en el ámbito de la justicia: “El teletrabajo no acaba de funcionar, hay un absentismo laboral demasiado elevado —que cifró en el 7%—, es fundamental que se cumpla el horario laboral y es perentorio dar un paso adelante en digitalización y nuevas tecnologías de la mano de la necesaria capacitación a través de la formación”. El objetivo de todo, según el decano, era avanzar hacia una justicia “moderna, ágil y eficiente”.

Iolanda Aguilar Juncosa argumentó que lo que ahora había que hacer era “consolidar el modelo y monitorizarlo”: “Todavía nos falta camino”, sentenció. También reivindicó una nueva regulación del personal interino, ya que, en su opinión, en Catalunya había un “problema de interinaje”, un fenómeno que afectaba a más de la mitad de la plantilla.

Por su parte, Escarlata Gutiérrez Mayo explicó que “los Tribunales de Instancia sufren los mismos problemas inherentes a la Administración de Justicia” y cifró en más de 190 millones de euros la inversión en personal realizada desde 2023 por el Ministerio de Justicia. En cualquier caso, quiso dejar claro que “no se ha amortizado personal” como consecuencia de la implementación de los Tribunales de Instancia.

La vicedecana del ICPB, Margarita Ribas Yglesias, moderó la sesión centrada en los ámbitos público y privado. Participaron la magistrada titular de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de l’Hospitalet de Llobregat y presidenta de este órgano, Lidia Ureña García; el letrado de la Administración de Justicia de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid y presidente de PROLAJ, Alejandro Asensio Muñoz; la directora del Servicio Común de Ejecución del Tribunal de Instancia de Barcelona, Mª del Mar González Álvarez, y el responsable del sindicato CSIF de Barcelona, Eduardo Presa García.

Lidia Ureña García se refirió a la ley orgánica como un “sistema abierto” y “flexible”. Según su opinión, sería necesaria una organización ulterior que “deberían liderar” los letrados y letradas de la Administración de Justicia sobre la base de una flexibilidad que permitiera introducir “ajustes y correcciones”. En referencia al colectivo de la procura, afirmó que “es el epicentro de todo el sistema de justicia” y que esto lo dota de “una visión periférica que le permite visualizar todos los problemas existentes” en este ámbito.

Alejandro Asensio Muñoz partió de la premisa que “el cuello de botella lo tenemos en la resolución”. Identificó el problema relacionado con las vacantes como un aspecto más preocupante que el interinaje, por los efectos nocivos que conlleva para el funcionamiento del sistema. También se mostró partidario de establecer protocolos que hicieran viable la fórmula del teletrabajo y de incidir en aquellos aspectos organizativos que contribuyeran a una mayor eficiencia de la justicia porque, según advirtió, “con inversión económica no hay suficiente”.

Mª del Mar González Álvarez abogó por la estabilización del personal de justicia, por la concentración de funcionarios y letrados en un espacio común y por la unificación de criterios como ingredientes para lograr un mejor servicio en beneficio de la ciudadanía. Igualmente, se mostró partidaria de una “aplicación gradual” de la ley orgánica.

Eduardo Presa García, a su vez, lamentó la “precipitación e improvisación” con que la ley se había implementado en su primera fase —“había la posibilidad de una prórroga antes de pasar a las fases posteriores”, lamentó— y quiso poner en valor la tarea de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia en este contexto. En su diagnóstico, el “mal endémico” de la justicia en el país era la falta de personal.

Por su parte, la vocal responsable de deontología del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona, Susana Puig Echeverria, se encargó de moderar la mesa centrada en los operadores jurídicos. La acompañaron como ponentes la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo Ros; la decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Manresa, Elsa Ribera Sierra, y la decana del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida, Montserrat Cerqueda Serrando.

Cristina Vallejo Ros alabó a la procura porque “nos habéis hecho la vida un poco más sencilla”. Con un total de once Tribunales de Instancia en Barcelona que, según dijo, “representan once problemas distintos”, reivindicó la necesidad de “individualizar las quejas” —en detrimento de los planteamientos más generalistas— e insistió, como otros ponentes de la sesión, que el “principal problema” tenía a ver con el personal. En este sentido, recordó que “hemos ofrecido la bolsa de trabajo colegial a fin y efecto de contribuir a proveer el sistema de personal formado”, si bien admitió que la normativa actual no permite este esquema de colaboración entre los colegios y la Administración de Justicia.

Elsa Ribera Sierra se presentó como “representante de un partido judicial pequeño”, con las características propias de esta tipología frente a los partidos judiciales más grandes, y puso en valor el rol de la procura: “Hace falta que se nos tenga más en cuenta”, reclamó. Otro aspecto que defendió fue que la figura del LAJ director pudiera ser capaz de “romper ciertas dinámicas perniciosas” instaladas en el seno de los juzgados.

Para concluir, Montserrat Cerqueda Serrando defendió la importancia de la jurisdicción social, toda vez que trata asuntos vinculados a derechos básicos para la vida de las personas, y señaló que “hay que esforzarse a promover la mediación” como método para evitar tiempos de espera demasiado largos. Cerró su intervención con una exhortación: “Que la función pública funcione como una empresa privada”.